ENAC, la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, publicó un documento, titulado Un grupos de tares en Comodoro Py, en el que llama la atención sobre “la desintegración del sistema jurídico argentino y la degradación de las garantías constitucionales” con la consecuente preocupación de los empresarios nacionales.
Estos son los aspectos salientes:
La práctica creciente de “apretar” a empresarios para denunciar supuestos ilícitos y conseguir la libertad, la conversión de todo ello en un espectáculo mediático, la doble vara, el armado de causas con escasa, nula o inventada prueba documental, la desaparición de la presunción de inocencia, entre tantos otros atropellos a la República representan no solo un retroceso brutal en las tradiciones jurídicas argentinas sino también una puerta siniestra que se abre como una amenaza para toda la sociedad.
Peor aún, el uso de la figura del arrepentido y la amenaza de la prisión preventiva como formas de apremios a empresarios para denunciar a un gobierno democrático y popular nos recuerda a la peor época de la dictadura cívico-militar en la que el poder concentrado se apropiaba de empresas, bienes y propiedades o eliminaba la competencia directamente en la mesa de tortura.
Los tribunales de Comodoro Py se han convertido en un “Grupo de Tareas” que opera a empresarios con la prisión preventiva y el escrache público, por acción u omisión de los miembros del poder judicial que lo integran, todo a demanda de las necesidades del poder –y de la agenda– de turno.
No tenemos dudas de que más allá de los actos –de corrupción se ha montado un sistema planificado que apunta discrecionalmente sobre empresarios y funcionarios orquestado por un poder, opaco, subsidiado por el Estado Nacional todo lo contrario a lo que demandan las democracias modernas. Algo inadmisible e intolerable para los tiempos que corren.
Ante esta barbaridad que está sucediendo con la administración de justicia y ante el imperio de las operaciones políticas y de inteligencia, los empresarios nacionales nos preguntamos:
¿Dónde está la seguridad jurídica si a un empresario es extorsionado para evitar la justicia por supuestas irregularidades?
¿Dónde está el respeto a la propiedad privada y a la libertad personal , si para mantener ambas, hay que pagar a quien administra justicia?
¿Dónde están los otros empresarios que fueron acusados de lo mismo que aquellos que están presos?
¿Dónde está la República?
¿Es este el Poder Judicial que requiere la Argentina del Desarrollo y la igualdad?
Ninguna sociedad puede vivir civilizadamente sin respetar básicamente la Constitución Nacional, el estado de derecho, la presunción de inocencia en el debido proceso.
Estamos convencidos, por memoria y por historia, que esta situación de degradación jurídica, institucional, política, y su naturalización, terminará poniendo en riesgo a la sociedad en su conjunto, a las libertades individuales y a la seguridad jurídica.
Ante esta grave situación las y los empresarios nacionales repudiamos el abuso de poder estatal para beneficio de intereses particulares incumpliendo la ley. Llamamos a las pymes a que cualquier abuso que sufran en este sentido sea denunciado públicamente. Llamamos a toda la sociedad a construir una verdadera democracia donde Nunca Más imperen las prácticas dictatoriales que tanto política como económicamente destruyen la industria, el comercio, la producción y el trabajo argentino y que subyuga a todas las instituciones de la Nación.
