“La UCEP: un organismo estatal con prácticas ilegales y paraestatales” es el título del informe conjunto entre la Defensoría del Pueblo, El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría oficial de la Justicia porteña, en el que se censura el accionar y pide la disolución de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP).
En una conferencia de prensa realizada el último jueves 22, presentaron un informe realizado sobre la base de catorce denuncias hechas contra la UCEP por personas que viven en la calle.
La conferencia tuvo lugar en la sede de la Defensoría del Pueblo, cuya titular Alicia Pierini encabezó la presentación pública del informe donde se cuestiona el decreto 1232/08, de creación de la UCEP, y se denuncian su accionar calificado como el de una “fuerza parapolicial”.
Cuando se creó la institución en 2008 el objetivo era “controlar y ejecutar el retiro de infraestructura instalada en el espacio público, remover elementos publicitarios que no se ajusten a la normativa vigente, colaborar operativamente en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiados ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público”.
Contra toda evidencia el ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo declaró a La Nación: “No vamos a tolerar violencia contra indigentes y cartoneros. Realizamos sumarios para investigar si sucedió lo que se denuncia. Si hay responsables, los separaremos”. Piccardo explicó que la unidad “está conformada por 25 personas que nunca tuvieron como objetivo ejercer violencia sobre indigentes. No es -dijo- la política de este gobierno”. La Nación subtitula ‘ejercería violencia contra indigentes’ en relación con la UCEP, también contra la evidencia documentada ampliamente en fotos y videos.
Para Crítica de la Argentina, “Lo más grave del informe es que la repartición, que reporta al ministro de Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo, estaría obteniendo un mapa actualizado de las personas en la calle gracias a los datos provenientes del único programa que los atiende, el Buenos Aires Presente. Hasta ahora no se sabe de qué manera se obtienen los datos, pero nadie descarta iniciar una acción legal para saberlo”.
