La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos de la Corte Suprema de Justicia (DAJuDeCO) elaboró un informe sobre las expresiones públicas de dirigentes del Gobierno de Mauricio Macri contra funcionarios judiciales, como parte de la investigación sobre una presunta “mesa judicial” creada para perseguir y hostigar jueces cuyas decisiones afectaban sus intereses
Según una auditoría de la oficina de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos de la Corte Suprema de Justicia, relevó “manifestaciones directas de carácter público de funcionarios o allegados a la gestión de gobierno que encabezó el Poder Ejecutivo Nacional entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019″.
A solicitud del fiscal Franco Picardi, la DAJuDeCO relevó “manifestaciones directas de carácter público de funcionarios o allegados a la gestión de gobierno que encabezó el Poder Ejecutivo Nacional entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, cuyos contenidos estén emparentados con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o personales”
El monitoreo de la oficina de la Corte, hecho en base a posteos en la red social Twitter y distintos sitios en internet, concluyó que existió un particular encono público contra la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, de parte de funcionarios y referentes macristas como el propio Macri, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Laura Alonso, entre otros.
La camarista de Casación Federal Ana María Figueroa, el también camarista federal Eduardo Farah y el juez federal de La Plata con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, fueron otros de los que aparecieron repetidamente mencionados de manera negativa.
Principales funcionarios involucrados
El informe de 326 páginas, que tendrá una versión final, enlistó las menciones de las principales figuras del oficialismo entre 2015 y 2019 y registró expresiones como “militante K”, “magistrada militante”, “impunidad de los corruptos”, “kirchnerista” y otras que repetían funcionarios del Poder Ejecutivo, como el presidente de entonces, su ministro de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Lo que más nos preocupa es que una militante kirchnerista ocupe la Procuración y no tenga el decoro de renunciar, porque no es el ámbito para hacer política partidaria”, dijo en mayo de 2017, en declaraciones públicas en Casa Rosada, sobre Gils Carbó, el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Los datos obtenidos por la DAJuDeCO se sumarán a la investigación del fiscal Picardi en la causa “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles” que lleva la jueza María Eugenia Capuchetti.
Hostigamiento a Gils Carbó
El caso de Gils Carbó es el más ilustrativo de la campaña contra funcionarios judiciales: el informe registra un crecimiento exponencial de la virulencia de los ataques públicos del elenco oficialista a partir de junio de 2017 que termina con la renuncia de la entonces procuradora en diciembre de ese año.
Los otros jueces mencionados son Martina Forns, Diana Cañal, Graciela Marino, Enrique Arias Gibert, Luis Rafagheli, Marcela Pérez Pardo, Mirta González Burbridge y Eduardo Freiler, hostigados por los funcionarios del macrismo Jorge Triaca, Gustavo Arribas, Fabián Jorge “Pepín” Rodríguez Simón, Federico Pinedo, Pablo Tonelli y José Torello, entre otros.
Fuente: Agencia Télam
