En febrero de 2011 la Justicia ordenó al Gobierno porteño que revierta el riesgo eléctrico al que están expuestas decenas de miles de personas en la Villa 21-24 y tiene periódicamente consecuencias fatales. En ese momento, la medida judicial impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) dispuso que se implemente un protocolo para responder a emergencias eléctricas y a elaborar un plan de obras.
Once años después y con una sentencia definitiva incumplida, la justicia volvió a pronunciarse y le ordenó al Ejecutivo porteño que retome los trabajos en el sector Tierra Amarilla de la Villa 21-24.
En el marco de la ejecución de esa causa, el gobierno porteño realizó en 2018 un relevamiento de las viviendas del sector Tierra Amarilla, concluyendo que de las 706 viviendas visitadas más de 300 tenían un riesgo eléctrico crítico o alto. Sin embargo, al poco tiempo de iniciada la intervención en el sector, las obras se detuvieron completamente en el contexto de la pandemia, sin retomarse hasta la fecha. Ante el pedido de ACIJ para que se reactiven de forma urgente, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de CABA dio lugar al pedido y ordenó que en un plazo máximo de 5 días se retomen las tareas en las viviendas con riesgo crítico o alto y que se presente un plan de trabajo para las que presentan situaciones de riesgo medio y bajo en el sector. Las obras a realizar incluyen la revisión de los tendidos eléctricos y las conexiones domiciliarias y del alumbrado público que garanticen condiciones de seguridad para sus habitantes.
Si bien esta medida no resuelve el incumplimiento de la sentencia de fondo del Máximo Tribunal de la Ciudad, obliga al gobierno a dar una respuesta rápida y efectiva a uno de los sectores más críticos del barrio.
