La derecha, los dueños del agro-negocios y los medios de comunicación concentrados han lanzado una campaña para impedir o neutralizar la intervención de Vicentin. Pretenden retomar el rumbo de la extranjerización o desguace de la firma para garantizar la impunidad de los directivos comprometidos con el vaciamiento y la quiebra fraudulenta de la compañía.
Urge poner en movimiento una gran campaña popular de esclarecimiento contra los engaños que se intentan instalar en la opinión pública. Es falso que Vicentin es una empresa privada que desarrollaba sus actividades normalmente hasta que llegó un Estado invasor para expropiarla.
Lo cierto es todo lo contrario. Quebró y no paga y muchas denuncias de contrabando, triangulación, evasión impositiva, empresas off shore evidencian una operatoria delictiva. La estafa de Vicentin es contra el pueblo de la Argentina. El grupo hizo negocios y acumuló excedentes y patrimonio con fondos públicos, del Banco de la Nación, de otras entidades financieras públicas y de organismos de recaudación, incurriendo en el delito de evasión y elusión fiscal.
Se trata de un accionar asociado a la extranjerización y al amparo de un modelo productivo que promueve el agro negocio de exportación en beneficio de la transnacionalización de la economía. Con la intervención se puede evitar el vaciamiento de la empresa y habilita un proceso de amplia discusión con trabajadoras y trabajadores directos e indirectos, los productores proveedores de la empresa y las organizaciones sociales vinculados a la actividad de la empresa.
El concurso no impide la posibilidad de la intervención y con ello, asegurar la gestión en el marco del procedimiento concursal y en defensa del patrimonio público afectado por el accionar delictivo de la empresa que llevó a la actual situación de falencia, facilitado por la corrupción desde la actividad pública.
Hace falta una campaña popular para denunciar lo que representa el caso Vicentin y la maniobra de encubrimiento de la gran corrupción, asunto desplegado por los principales medios de comunicación y la derecha política, que en definitiva buscan otra “125”. Los poderosos quieren impedir la intervención o atarla de manos para seguir manejando el concurso de acreedores y de esa forma abrir el camino al desguace o extranjerización, incluso la “argentinización” a favor de grupos concentrados.
Lo que necesita el país es Vicentin “publica, no estatal con control social”. Solo una amplia unidad política del movimiento popular puede generar la condición de posibilidad para la intervención y la transformación de una gran empresa en la perspectiva de la soberanía alimentaria. La intervención urgente de Vicentin resulta preventiva y habilita la posibilidad de discutir el modelo agrario para pensar en términos de soberanía alimentaria.
Los firmantes nos comprometemos en una campaña que estimule el debate público y la movilización social. Es el paso inicial para intervenir en la discusión del modelo productivo y de desarrollo a favor de la mayoría social empobrecida. República Argentina, 22 de junio de 2020.
